La AEDEP indicó que el Gobierno tiene la "obligación moral y legal" de garantizar la plena vigencia de los derechos a la libre expresión y difusión del pensamiento, que, a su juicio, pueden verse afectados "si se manipula el contenido noticioso, analítico y de opinión de esos medios".
Por ello demanda que "independientemente de los procesos legales que deberán continuar con transparencia y apego a la Ley, que se mantenga la total independencia en el manejo periodístico de los medios incautados, lo cual no es posible si el Gobierno nombra a la cabeza informativa, como ha sucedido".
Asimismo, pide que el Gobierno "se inhiba de utilizar los medios incautados para promover sus proyectos y programas, especialmente tomando en cuenta la coyuntura electoral que se avecina", con el previsto referéndum para aprobar o rechazar la nueva Carta Magna que actualmente redacta la Asamblea Constituyente.